Por Loida Sánchez
Domínguez Brito expresó que “en dichas reuniones analizamos las
legislaciones de ambos países para determinar las atribuciones jurídicas de las
autoridades dominicanas y hasta dónde llega la competencia del Estado Vaticano,
quienes ya realizan la sumaria y han tomado medidas cautelares tales como la
ratificación y ejecución del arresto domiciliario”.
Agregó que “en nuestro rol como Ministerio Público y en representación de
toda la sociedad dominicana, manifestamos nuestro interés en la búsqueda de la
verdad; es un caso muy grave, delicado, no sólo por el tipo penal si no
también, debido a los actores envueltos, por lo que queremos y esperamos
que todo el proceso se maneje en el marco del respeto, pero sobre todo en un
marco en donde prevalezca la justicia”.
Ante medios de información dominicanos y representantes de cadenas
internacionales, el magistrado Domínguez Brito reiteró que la República
Dominicana es signataria de la Convención de Viena, que establece que todo
personal diplomático que pudiera enfrentar algún proceso judicial, debe ser
juzgado en el país que representa, por lo que la jurisdicción en este caso es
competencia del Vaticano.
El magistrado explicó que “Nosotros como autoridades dominicanas realizamos
las investigaciones preliminares practicando interrogatorios y levantamiento de
pruebas, en donde observamos hechos que revisten un carácter de ilicitud,
y toda esta documentación fue debidamente enviada a las autoridades
de Vaticano, sin embargo entendemos que es responsabilidad de los jueces
apoderados, determinar el grado de culpabilidad o no, así como determinar si
enviar el caso a juicio de fondo”.
El máximo representante del Ministerio Público dominicano, manifestó su
agradecimiento y satisfacción por las labores realizadas en este proceso, tanto
por la Nunciatura, el Secretariado de Estado de como el sistema de
Justicia de Vaticano y dijo confiar en que este caso creará un precedente
justo, acorde a lo que espera toda la sociedad dominicana y sobre todo, la
comunidad internacional.
“Todo caso de abuso contra un menor de edad, debe generar una sanción; la
impunidad es un estímulo, son tipos graves de delitos que laceran las fibras
más íntimas y vulnerables de los niños y niñas por lo que no debe existir la
más minina brecha de impunidad y estamos confiados de que en este caso
será así”, aseguró Domínguez Brito.
Estas informaciones provienen de una nota de prensa emitida por Dirección General de Comunicación, Prensa y RRPP de la Procuraduría
General-Ministerio Público RD.
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