Por Loida Sánchez
Trajano
Potentini, presidente de la entidad de sociedad civil, recordó que el pasado 8 de
agosto se aprobó la referida ley, sustituyendo a la cansada y obsoleta
disposición # 82-79 y con ello estableciendo un sistema para la elaboración, recepción y
seguimiento de las declaraciones juradas de bienes, bajo la responsabilidad de
la Cámara de Cuentas como órgano rector.
Potentini,
destaco que la nueva ley abarca un universo de más de dos mil (2,000)
funcionarios públicos, además de incluir un sistema de consecuencias que
contempla la destitución de los funcionarios infractores y penas hasta de 10
años de reclusión, lo que sin dudas constituye un avance significativo en la
lucha y prevención de la corrupción administrativa.
Justicia y
transparencia deploró que la cámara de cuentas se esté convirtiendo en cómplice
de los funcionarios infractores, al tiempo de exigirle que a la mayor brevedad
posible cumplan con las responsabilidades puestas a su cargo, de respetar y
hacer cumplir la ley 311-14, tramitando sin más dilación y por ante el
Ministerio Publico el listado contentivo de los funcionarios infractores y
renuentes a cumplir con la referida ley, luego de haberse vencido
ventajosamente el plazo previsto por la ley, con el objeto de que los mismos
sean procesados penalmente.
De igual forma
la entidad hizo reservas, en virtud del doble propósito del acto notificado,
como intimación y requerimiento de información pública, de que una vez también
vencido el plazo previsto por la ley 137-11, sobre el Tribunal Constitucional y
los Procedimientos Constitucionales,(15 días) se procedería a radicar en contra
de la Cámara de Cuentas un amparo de cumplimiento, a los fines de vencer la
inercia y manifiesta negligencia y desprecio por la institucionalidad de la
Cámara de Cuentas, al no cumplir ni hacer cumplir las responsabilidades puestas
a su cargo. Al tiempo de advertirle que el no atender nuestro pedido le haría
cómplice de los funcionarios infractores, y en consecuencia violadores directos
de la ley 311-14, por irrespetar e inobservar sus mandatos como órgano
rector.
Potentini lamentó
que en tan emblemático y significativo día, 9 de diciembre conmemorando la
lucha contra la corrupción, por disposición de Naciones Unidas, estemos con la
incertidumbre de una ley sobre transparencia, abandonada a su suerte, sin
dolientes y ante la eventual complicidad del órgano responsable de hacerla
cumplir.
La FJT pidió al Poder
Ejecutivo disponer inmediatamente la cancelación de los funcionarios violadores
de la ley, con el objeto de mandar una señal clara del compromiso estatal de
luchar contra la corrupción lograr, al tiempo de manifestar que las
motivaciones que conducen a la intimación y solicitud de información responden
al propósito de la entidad, de velar por la institucionalidad y el cabal cumplimiento de aquellas leyes
orientadas a procurar mayores niveles de transparencia en el manejo de la cosa
pública.
Según la nota de prensa que emitiera la institución, el acto de
intimación fue entregado en el local de la Cámara de Cuentas, por una comisión
de la función, encabezada por su presidente y los directivos, Licda. D’anyeliz
Vilorio, Marcos Encarnación, Víctor Rogelio Benavides y el ministerial Michael
Encarnación.
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