Por Loida Sánchez
A juicio de
la entidad de la sociedad civil el Tribunal Constitucional de la República
Dominicana acaba de validar el derecho ciudadano a denunciar y querellarse
contra los funcionarios públicos cuando cometen faltas, crímenes y delitos, la
decisión del Tribunal Constitucional es de fecha 5 de noviembre del 2014 en la
que deja establecido que los ciudadanos pueden querellarse contra los
funcionarios públicos, en virtud de lo que establece el artículo 22.5 de la
Constitución, que consagra el derecho a denunciar las faltas cometidas por los
funcionarios. Señaló.
El Tribunal
Constitucional estableció ese criterio sobre el derecho ciudadano a querellarse
(o acción popular), en la sentencia mediante la cual rechazó una acción de
inconstitucionalidad incoada por el síndico del municipio de Santo Domingo
Oeste contra varios artículos de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los
Municipios, en la acción de inconstitucionalidad del alcalde Francisco Peña
Tavárez (Francis) procuraba que se declarara la inconstitucionalidad del
párrafo V del artículo 21 de la indicada ley, que autoriza a cualquier persona
física o moral a constituirse en querellante y actor civil, contra los
funcionarios municipales.
La alta corte
es de criterio que la propia Constitución, en su artículo 22.5, les concede esa
prerrogativa a los ciudadanos y que no se limita a presentar una denuncia, sino
que también este puede perfectamente constituirse en querellante cuando el
funcionario que cometa una falta; en el numeral 8.9. de la sentencia TC/259/14,
el TC estableció que “Habría que agregar, además, que la propia Constitución,
en su artículo 22.5, les concede a los ciudadanos el derecho de denunciar las
faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus
funciones, lo que debe ser interpretado, en el sentido más favorable y en
atención a la finalidad que la norma persigue, que también pueden interponer
querellas contra los funcionarios públicos por las faltas, crímenes y delitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones”.
Al igual que
el jurista y catedrático universitario Ricardo Rojas León, ADOCCO es del criterio
que “el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación progresiva del
derecho de los ciudadanos a denunciar las faltas de los funcionarios, que se
recoge en la Constitución, declarando la conformidad con la Constitución de las
normas infraconstitucionales que permiten a los ciudadanos y a las
organizaciones no gubernamentales querellarse contra los funcionarios públicos
cuando cometan cualquier tipo de delitos”.
La decisión
de noviembre pasado del Tribunal Constitucional “resuelve prima facie la discusión
sobre la constitucionalidad del párrafo tercero del artículo 85 del Código
Procesal Penal, que es similar al párrafo V del art. 21 de la ley 176-07 sobre
el Distrito Nacional y los Municipios, es decir, que no es inconstitucional
querellarse contra un funcionario público”, la acción directa en
inconstitucionalidad también buscaba que la alta corte decretara la nulidad del
artículo 373 de la Ley No. 176-07, que modifica el literal 5 del artículo 71 de
la Ley núm. 76-02, por incluir a los síndicos entre los funcionarios cuyas
causas penales serán conocidas por la Corte de Apelación.
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