Por: Roberto
Valenzuela
De antemano estamos unificados territorialmente, Haití y República
Dominicana comparten la misma porción de tierra rodeada de agua.
Se supone que debe haber una frontera, pero no existe. Existe sólo de
nombre en la imaginación de algunos ilusos o en la cabeza de los
fanáticos-racistas, porque por ahí entra y sale libremente de todo y a
toda hora del día y la noche.
Lastimosamente la soberanía del pueblo dominicano fue cambiada por la venta
de pollos, huevos, el comercio informal y la nefasta trata de personas de las
mafias que operan entre ambas naciones.
El país está atiborrado de haitianos (ya estamos fusionados: Hay barrios,
bateyes, comunidades rurales con más haitianos que dominicanos) y no los han
traído la Sociedad Civil o naciones desarrolladas. Estos simplemente piden un
trato humano para ellos.
El que ha eliminado la frontera es el propio gobierno, que es el principal
empleador de la mano de obra ilegal-barata en el sector de la construcción.
¿Qué mano de obra construyó y está ampliando el Metro de Santo Domingo? ¿Quién
ha construido avenidas, túneles, elevados, carreteras, presas, cárceles,
hospitales, escuelas, universidades y demás?
Yéndonos al sector privado. ¿Quién construyó las impresionantes torres de
apartamentos y los hoteles de las principales zonas turísticas,
incluyendo Punta Cana y Casa de Campo? Ni hablar de la agricultura y la
industria azucarera, con el Central Romana y Grupo Vicini.
El motor de está economía es la mano de obra ilegal, que aunque gobierno y
empresarios dicen ser buenos cristianos (van a misa los domingos), los explotan
despiadadamente. Trabajan como animales, pero les pagan menos de la mita de lo
que vale el trabajo y violan sus Derechos Humanos.
Prefieren los inmigrantes en vez de favorecer a sus desempleados
compatriotas, porque, al ser buenos oportunistas, abusan de su condición
de extranjeros ilegales: Les pagan una miseria y no tienen compromiso con
la seguridad social o prestaciones laborales. Los haitianos viven apiñados en
la misma construcción.
Todo esto aumenta la carga social-económica para el Estado. Por ejemplo,
los hospitales públicos están repletos y, según algunos sondeos, de cada 10
mujeres que alumbran ocho son haitianas.
Otra falsedad es el discurso gastado de que hay una campaña de descrédito y
que la comunidad internacional debe acudir en el auxilio de Haití porque
República Dominicana no puede sola.
Nada más hipócrita que eso, ya que para un gobierno honesto poner orden y
cumplir sus propias leyes migratorias no tiene que pedir ayuda de nadie.
La única que se beneficia de la mano de obra ilegal es República
Dominicana y nadie más. Y con sus acciones irresponsables se desacredita
sola.
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