Navarro
asegura no ha habido un pueblo y un país más solidario en el mundo con Haití,
que la República Dominicana
Por: Loida Sánchez
SANTO DOMINGO.-
El ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, afirmó
hoy que las acciones delictivas que se han producido en el país en los últimos días en contra de dos
nacionales haitianos encontrados asesinados, además del robo a la residencia
del embajador haitiano Fritz Cineas, obedecen a hechos aislados que las
autoridades dominicanas dan respuesta contundente de inmediato, y que en ningún
modo responden a la política oficial del gobierno dominicano, por lo que
calificó de "inaceptable que se acuse al país de racista y xenofobia
frente a esa vecina nación".
El
funcionario se expresó en esos términos en una carta de protesta en respuesta a
otra comunicación remitida por su homólogo de Haití Pierre Duly Brutus en la
que acusa a la República Dominicana de aplicar políticas racistas y xenofóbicas
en contra de los haitianos que residen en el país.
Navarro
dijo en su comunicación al canciller Brutus que el país ha recibido la misiva
haitiana con "sorpresa", ya que en ella se asumen hechos que si bien
ocurrieron en la República Dominicana, "de ningún modo responden a la
política oficial del gobierno dominicano".
La nota
de prensa emitida a este periódico digital informa que el canciller recordó que
en el caso del robo a la residencia de Cineas, hecho ocurrido el 5 de febrero
pasado, se trató de una acción puramente delictiva que las autoridades
policiales y judiciales enfrentaron y esclarecieron de inmediato, con
apresamiento de los implicados y su consiguiente sometimiento a la justicia.
Expuso
que un juez dictó medidas de coerción económica contra los implicados en el
robo, además de presentación periódica, por lo que el Ministerio Público apeló
de inmediato porque había solicitado el encarcelamiento de los imputados.
"Esta
fue una forma contundente del Gobierno dominicano actuar ante la situación.
Pero debo recordarle que en la República Dominicana el Poder Judicial es
independiente del Poder Ejecutivo, como expresión de un Estado de Derecho de
nuestro país", subrayó Navarro en su misiva a su homólogo Brutus.
Aclaró
que con relación al asesinato del nacional haitiano Henry Claude Jean,
encontrado muerto en un parque de Santiago el pasado 11 de febrero del año en
curso, "debo informarle que las
autoridades dominicanas realizan una exhaustiva investigación con la finalidad
de establecer las causas y responsables de tan inaceptable hecho
criminal".
Dijo que
con relación a lo ocurrido al nacional haitiano Lujis Jhoset, asesinado en el
municipio de Comendador el pasado 18 de febrero, "igualmente las
autoridades dominicanas están en la fase investigativa, en una labor conjunta
entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, y una vez se tengan las
conclusiones, los responsables serán sometidos de inmediato a la
justicia".
Señaló
que "la existencia de grupos en la sociedad dominicana que expresan
actitudes en contra de Haití, en ningún caso son compartidas por el Gobierno
del presidente Danilo Medina, sino que se trata de la expresión de las
libertades propias del Estado de Derecho" y que mientras ese segmento de
la población no viole el orden jurídico que rige la nación dominicana, "no
se le puede imputar responsabilidad alguna al gobierno dominicano".
Precisó
que "acusar a la República Dominicana de racista y xenófoba no se corresponde
con la realidad de centenares de miles de ciudadanos haitianos que conviven
pacíficamente en toda la extensión del territorio nacional, dedicados a labores
productivas, asistiendo a hospitales, escuelas y disfrutando de otros servicios
públicos".
Manifestó
que los hechos delictivos aislados en los cuales han resultado víctimas
nacionales haitianos, no pueden interpretarse como acciones que corresponden a
una política de Estado o a una actitud colectiva de la población dominicana,
"pues señor ministro, no ha habido un pueblo y un país más solidario en el
mundo con Haití, que la República Dominicana".
Recalcó
al ministro Brutus que en materia de derechos humanos y derechos de
inmigrantes, el Gobierno dominicano se ha abocado al más amplio e integral Plan
de Regulación conocido en toda la región, disponiendo de 24 oficinas
distribuidas a nivel nacional con servicios completamente gratis, con una
inversión superior a los 1,200 millones de pesos.
"El
mundo sabe que hemos hecho ingentes esfuerzos para que el gobierno haitiano
cumpla con su obligación constitucional de dotar de documentación de identidad
a sus ciudadanos, permitiendo con esta medida el buen funcionamiento del Plan
de Regulación y, sin embargo, hasta ahora la respuesta del gobierno haitiano ha
sido muy limitada. Por esa razón hemos observado diferentes manifestaciones
escenificadas en la capital dominicana en las que ciudadanos haitianos han
expresado su descontento por la falta de apoyo de su gobierno, así como por los
altos precios de los documentos".
Recordó
que otra demostración de solidaridad con los inmigrantes haitianos con estatus
de ilegales en el país fue la que exhibió el gobierno dominicano cuando se
estableció detener las repatriaciones de indocumentados haitianos mientras se
ejecutara el Plan de Regularización.
"Señor
canciller Brutus, en el país no se realizan repatriaciones de inmigrantes
haitianos irregulares desde el 2013, y sin embargo, aunque, al mismo tiempo, la
Dirección General de Migración cumple con su mandato de controlar el ingreso
irregular al territorio nacional, tal como lo hacen todas las naciones
organizadas del mundo", agregó Navarro en su misiva.
Navarro
se quejó en su misiva a Brutus en nombre de la República Dominicana que
"el tono de su comunicación es menos oportuno en un contexto en el cual
reiteradamente nuestros consulados y la embajada dominicana en ese vecino país
han sido objeto de protestas y actos vandálicos sin que ninguna autoridad
haitiana mediara de inmediato para tratar de evitar esos desagradables hechos
contra las dotaciones diplomáticas dominicanas".
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