Por Loida Sánchez
MOTECRISTI.- El Ministerio Público de este departamento judicial
logró que fuera dictada
prisión preventiva como medida de coerción en contra de un hombre de
nacionalidad dominicana al que le atribuye formar parte de una red criminal
internacional que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en centros de
prostitución de Haití.
El Tribunal de Atención Permanente de esa jurisdicción dictó la
medida cautelar de dos meses de prisión preventiva en contra de Juan Cabreja
Abreu, quien es sindicado de ser supuestamente el que se encargaba de buscar,
convencer, reunirse y hacer las diligencias necesarias para la adquisición de
documentos para el traslado de las víctimas hacia la vecina nación.
Se informó que dicha organización operaba desde el municipio de
Pepillo Salcedo, en Montecristi, lugar donde residía el imputado Cabreja Abreu,
el cual fue detenido durante un operativo realizado el pasado sábado por su
vinculación al caso, mediante la orden de arresto No. 8634-2014.
En otra operación también fueron rescatadas cinco mujeres
dominicanas en un prostíbulo ubicado en la capital de Haití, Puerto Príncipe,
cuyo nombre se omite para proteger su identidad, las cuales eran obligadas a
ejercer la prostitución de forma involuntaria.
Un comunicado de prensa establece que las investigaciones del caso
están encabezada por la procuradora fiscal titular de Montecristi, Yoanna
Bejarán y la fiscal Carmen Julia Ortega Monción, labores que se llevan a cabo
en coordinación con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y la Trata de Personas, que dirige el magistrado Jonathan Baró,
mediante las cuales se ha podido determinar que el imputado Cabreja Abreu
presuntamente junto al nombrado Frank Hipolite, de nacionalidad haitiana, se
dedicaba a realizar actividades de carácter ilícito relacionadas con una red de
tráfico de mujeres a nivel internacional con el fin de prostituirla
en la República de Haití.
Se estableció que presuntamente en dicha red el procesado tenía la
misión de constatar, conquistar y convencer a las jóvenes de los barrios, vía
telefónica, para que trabajaran en un negocio ubicado en el municipio de
Pepillo Salcedo, y que una vez aquí la convencía para que trabajaran con Frank,
con la promesa de que ganarían más dinero, siendo las mismas posteriormente
trasladadas a Haití, donde según las denuncias, eran obligadas a firmar un
contrato y a tener relaciones sexuales a punta de pistola, sin su
consentimiento.
La nota de prensa emitida a este periódico digital informa que las
autoridades dijeron contar con elementos de prueba que vinculan al imputado con
el hecho, dentro de estos, con los testimonios de las mujeres afectadas, la
mayoría residentes en las provincias de Santo Domingo y Santiago, quienes
denunciaron fueron víctimas de dicha red.
El Ministerio Público le dio al caso la calificación jurídica
provisional basada en los delitos de violencia contra la mujer, trata de
personas, explotación laboral, abuso sexual, explotación sexual y proxenetismo,
contemplados en los artículos 309-1- 303-4, 334, 334-1 del Código Penal
Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e
Intrafamiliar, y los artículos 1, 3 y 7 de la Ley 137-03 sobre Tráfico
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
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