Por Ruben Dario Hernández
Pidieron al procurador Domínguez Brito, que la fiscal titular magistrada Olga Dina Lleveria, sea sustituida del caso y la destitución del procurador general de la Corte de Apelación y los demás fiscales que actúan en el caso.
La acción jurídica provoco que la jueza de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo, Melania de la Cruz, otorgara un plazo de 48 horas a los fines de que presenten por escrito sus argumentos sobre la impugnación al Ministerio Público.
Mientras que los abogados de la defensa, Ingrid Higaldo y Valentín Medrano, declararon que Domínguez Brito debe decidir sobre la impugnación a los fiscales.
Hidalgo inidico que "la fiscal Diná Llaverías ha declarado que el caso sufre una pena de 30 años de prisión, cuando esto no llega ni siquiera a una violación de la Ley 241".
A las 01:00 p.m. inició el conocimiento de la medida de coerción.
Esposas, sobrinas, amigos y compañeros de trabajo de los choferes, se dieron cita en al audiencia, apoyando a sus familiares. Por su lado varias esposas de los imputados dijeron, que en ningún momento ellos, amenazaron con prender el autobús. “En la cabeza de quien puede caber de que ellos pretendían hacerle daño al vehículo, ni mucho menos a los niños, cuando hijos, sobrinos, primos, nietos, aijados y otros familiares estudian en el referido centro Educativo” dijo la esposa de unos de los choferes.
También especificaron que todo ha sido un mal entendido. Otro expresaron que quien debería de estar en como acusada, es una de las profesoras que se ve en el vídeo agrediendo a unos de los choferes.
La audiencia fue suspendida a las 04:00 de la tarde.
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