Para fines de sometimiento a la justicia
SANTO DOMINGO.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, mediante instancia de acceso a la información pública, en virtud de la ley 200-04, el listado de los funcionarios renuentes a cumplir con el voto de la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes, a los fines de proceder a someterlos por ante la acción de la justicia por faltar a la transparencia en el manejo de la cosa pública.
El presidente de la entidad Trajano Potentini, hablando a nombre de la entidad de sociedad civil, deploró la apatía reiterada y el desprecio por la institucionalidad que exhiben los funcionarios públicos, y lo más lamentable aun es que en muchos casos cuentan con la complicidad y apoyo del gobierno.
En la nota de prensa emitida a este periódico digital, Potentini recordó que la Cámara de Cuentas en reiteradas ocasiones ha dado plazos y prorrogas, incluso con campañas publicitarias llamando a los funcionarios a cumplir con la ley, haciendo estos caso omiso y sin tomar en consideración que además de violar la ley, también irrespetan la constitución de la república, cuando en su artículo 146.3 dispone la obligatoriedad de presentar declaración jurada patrimonial, lo que sin dudas deviene en una falta grave.
La FJT les advierte a los funcionarios públicos que la actual ley (311-14) cuenta con un sistema de consecuencias, el cual contempla la destitución del cargo y penas hasta de 10 años de reclusión, lo que sin dudas constituye un avance significativo en la lucha y prevención de la corrupción administrativa.
Otra de las virtudes de la nueva Ley 311-14 del 8 de agosto del 2014, lo constituye la instauración de un sistema para la elaboración, recepción y seguimiento de las declaraciones juradas de bienes, atinente a todos los funcionarios públicos, bajo la responsabilidad de la Cámara de Cuentas como órgano rector del referido sistema.
Finalmente la entidad cívica informa que inmediatamente reciba el listado de la Cámara de Cuentas con los nombres de los funcionarios violadores de la ley, procederá por ante el Ministerio Publico sometiéndole a la justicia y solicitándole al Poder Ejecutivo su destitución.
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